“A mí no me da miedo hablar, ni mucho menos que me escuche alguien ‘indebido’. Cuando a uno lo desplazan y le matan a los seres queridos, las cosas cambian mucho”, Eduardo alza el tono de su voz y comienza el relato.
Eduardo Barrios es un antioqueño nacido en Caucasia el 31 de diciembre de 1957. Los paramilitares los desalojaron a él, a su mamá y a sus siete hermanos de una finca que tenían en ese municipio.
Desde que vive en Medellín, tiene dos tipos de días: los que va a la Alpujarra a buscar atención y los que se queda con su mamá para cuidarla. “Ella ya tiene 80 años, le ha tocado salir de su tierra, ver a un hijo enfermo y perder uno; además del hermano, el yerno y tres nietos, todos asesinados. Yo vine aquí porque de pronto iban a hacer ayudas administrativas para aligerar las cosas, pero Gerardo Vega dice que todavía hay que esperar a la presidencia. ¿Y mientras eso qué? ¿Se mueren mi hermano y mi mamá que están bien enfermos?”.
Además de Eduardo, otras víctimas del desplazamiento forzado se preguntan lo mismo en cuanto la rapidez del proceso. A esa cuestión, Gerardo Vega, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Antioquia, responde que la restitución debe adecuarse más rápido porque hoy una tierra que está a nombre de otro demora en restituirse 14 años. “¿Y mientras eso qué?”, se cuestiona Eduardo.
Su tono de voz, su semblante y sus ojos cambian intentando responder a esa pregunta. Comienza a hablar más rápido y más duro, sin temor a que alguien lo oiga. “Las tierras que supuestamente le quitaron a los paramilitares no han vuelto a nosotros, eso lo tiene Uribe. O si no, ¿dónde está la plata que da Estados Unidos? ¿Y las tierras y el dinero que han dado los paramilitares? Se los estará comiendo el gobierno porque a nosotros no nos llega nada”.
Mientras Eduardo dice eso, Vega está en un recinto dando una conferencia acerca del desplazamiento forzado. “Los victimarios tienen que devolver los terrenos obtenidos, ya sea de manera lícita o ilícita. Si se apropiaron de una finca y el dueño la reclama pues hay que dársela. Pero si los paramilitares compraron una tierra por otros negocios y los dan en Justicia y Paz, el juez decide qué hacer con ellas”.
Hasta el momento, se ha sabido de 5 millones 500 mil hectáreas apropiadas por paramilitares en Colombia. De esas hectáreas, 7800 fueron devueltas al Fondo de Reparación a las Víctimas. Todos esos terrenos están en manos del fondo, excepto las 900 hectáreas que devolvió Salvatore Mancuso a una víctima en Córdoba y las 305 más 100 hectáreas entregadas en Turbo. Cuatro años después de la Ley de Justicia y Paz, se han entregado tres tierras a las víctimas. Las otras están en manos de Acción Social.
“Yo ya tengo todos los papeles listos para que me den una ayuda. Eso no es ni siquiera para mí, sino para mi mamá que está enferma. Llevo en esas más de dos años. Si espero más, mi mamá se muere y no le toca ver nada…-Eduardo se queda en silencio un momento, intentando recuperar el habla- Vaya uno a saber qué pasa con eso. Será hasta que el Presidente deje”.
Durante tres años de visitas continuas a Acción Social, Eduardo ha recibido 180 mil pesos, de los 370 mil que le habían prometido. “Eso me lo dieron el 28 de mayo de 2009 pero uno con eso ni come ni vive”.
Las víctimas de Eduardo
Hace unos pocos años, Eduardo vive en Medellín. Mientras rememora el cómo llegó a la ciudad, cuenta que a su hermano Adalberto Mejía lo desaparecieron el 15 de mayo de 2004 en un Cuturú, Caucasia. Además, acusa al jefe paramilitar Ramón Isaza de haber asesinado a sus sobrinos Eduard Ordoñez Atencia, Arides Eduardo Villamizar y Robert Ordoñez, a su cuñado Raúl Uragama y a su tío Julio Belencio.
El paramilitar Ramón Isaza se desmovilizó el 7 de febrero de 2006 e ingresó a la Ley de Justicia y Paz, prometiendo colaborar con la verdad, la justicia y la reparación. Cuando oye hablar de esa Ley, Eduardo se pone tenso y comienza a hablar a más velocidad. “Eso lo único que hace es darle sueldos a los victimarios: paramilitares y guerrilla. Las víctimas quedamos por fuera”.
Para explicar este fenómeno, Gerardo Vega argumenta que hace cuatro años, cuando nació esta Ley, lo más importante para el Estado y el Gobierno era convencer a los victimarios de que se desmovilizaran. El interés era asegurar su reincorporación a la sociedad mediante unas facilidades de estudio y de trabajo. “Pero ya la mirada está en las personas que fueron afectadas, que creo es lo importante”, explica Vega.
Como los todos sus días desde que están en Medellín, Eduardo Barrios vuelve a su casa esperando alguna llamada de Acción Social para confirmar algún dinero. “Si llega, esa plata va a ser para mi mamá. Apenas ella tenga esa plata, me voy de aquí a conseguir trabajo en otra parte. Esto aquí es muy duro”, termina de contar Eduardo, ya sin lágrimas y sin alterar la voz.
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